Campesinos se Oponen a Legislación que Reduce Salarios de los Trabajadores Agrícolas y desplaza a Trabajadores Estadounidenses
Washington, D.C. — La Unión de Campesinos (UFW) y la Fundación UFW se oponen a la Ley para la Seguridad de la Mano de Obra Agrícola (SAWA), presentada por el diputado GT Thompson (republicano por Pensilvania), que perjudicará a los campesinos estadounidenses, empobrecerá a las comunidades rurales y ampliará el programa de trabajadores temporales H-2A, que se caracteriza por la explotación.
La ley SAWA convertiría en permanente el recorte salarial a los campesinos impuesto por la Administración Trump, contra el que la UFW y la Fundación UFW han presentado actualmente un recurso ante un tribunal federal. La última vez que la Administración Trump promulgó una norma similar, ese mismo tribunal federal la declaró ilegal en el 2020.
SAWA se compromete a:
- Codificar los elementos clave de la norma de recorte salarial de la Administración Trump, que reduce los salarios de los trabajadores agrícolas entre 3 y 7 dólares por hora, dependiendo del estado. La SAWA permitirá específicamente a los empresarios cobrar a los trabajadores por el alojamiento y garantizará que la mayoría de los campesinos reciban salarios que se sitúen en el percentil 17 más bajo;
- Ampliar el programa H-2A, que se caracteriza por la explotación, a puestos de trabajo durante todo el año, lo que desplazaría a los campesinos estadounidenses de sus puestos de trabajo estables;
- Ampliar la definición de agricultura para que otros empleadores no agrícolas puedan acogerse al programa H-2A, desplazando así a otros trabajadores estadounidenses; y
- Debilitar la autoridad del Congreso al permitir que el ministro de Trabajo —cuya designación aún no ha sido ratificada por el Congreso— modifique y elimine las protecciones legales del programa H-2A, y al permitir que el ministro de Agricultura amplíe aún más la definición legal de «agricultura».
«Esta retorcida ley tendría repercusiones a largo plazo en las comunidades rurales de Estados Unidos, desplazando a los trabajadores agrícolas residentes desde hace mucho tiempo —que mantienen a sus familias y pagan impuestos— por una enorme clase marginada de trabajadores extranjeros temporales que vivirían en las instalaciones de las empresas, sin poder cambiar de trabajo y excluidos de forma permanente de la ciudadanía», afirmó Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers. «Según los términos de esta ley, todos los puestos de trabajo estadounidenses en el sector agrícola están en peligro. Los salarios agrícolas estadounidenses se estancarán. Las escuelas de las zonas rurales se enfrentarán a una disminución de la matriculación. Comunidades enteras se marchitarán. Iniciativas como esta convierten en blanco de ataques a la clase trabajadora rural estadounidense, dejando que solo los mayores productores dominen a los ejércitos de trabajadores cautivos y privados de derechos que este proyecto de ley les permite importar. Todos los miembros del Congreso que apoyen esta legislación deberían avergonzarse de sí mismos».
«La Fundación UFW condena la Ley de Protección de la Mano de Obra Agrícola (Securing Agriculture’s Workforce Act) como un intento descarado de convertir en permanente la norma de recortes salariales de la Administración Trump», afirmó Erica Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW.«Este proyecto de ley parece un deseo hecho realidad del lobby de la agricultura corporativa, que antepone la codicia empresarial a los trabajadores nacionales de EE. UU. que alimentan a este país. El proyecto de ley también es ilegal, ya que otorga al Poder Ejecutivo un poder sin límites para reescribir las protecciones legales mínimas del programa H-2A y ampliar ese programa abusivo a los trabajadores no agrícolas. Animamos a las oficinas del Congreso a que se mantengan al margen de este proyecto de ley y se solidaricen con los trabajadores agrícolas mientras impugnamos ante los tribunales federales la cruel norma de recortes salariales del Gobierno».
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