Fresno, California — Un tribunal federal dictaminó que el Departamento de Trabajo de los EE. UU. (DOL, por sus siglas en inglés) tiene hasta el 30 de diciembre del 2026 para emitir una nueva normativa que establezca los salarios de los campesinos—tanto aquellos con visa H-2A como los trabajadores estadounidenses que laboran junto a ellos—.

La orden judicial, emitida el 2 de octubre del 2026, exige al DOL desarrollar una nueva metodología para determinar la “Tasa Salarial por Efecto Adverso” (AEWR, por sus siglas en inglés). Esta nueva regulación debe ajustarse al fallo judicial del 26 de agosto, el cual determinó que la normativa sobre la AEWR establecida por la administración Trump en octubre del 2025 es ilegal, ya que perjudica a los trabajadores estadounidenses al reducir sus salarios, lo cual contraviene la ley federal. El fallo del 26 de agosto también ordenó al DOL notificar a los empleadores que podrían estar obligados a pagar salarios retroactivos por el periodo comprendido entre dicha notificación (2 de septiembre) y la emisión de una nueva normativa legal.

La normativa de la administración Trump —que sigue vigente y que, según el propio DOL, es ilegal— recortó los salarios de los campesinos entre 3 y 7 dólares por hora, transfiriendo anualmente 2460 millones de dólares de los trabajadores a los empleadores. El sindicato de la Unión de Campesinos (UFW), la Fundación UFW y 18 trabajadores agrícolas que presentaron la demanda impugnaron la normativa poco después de su publicación el año pasado.

La cuestión de si los trabajadores a quienes se les pagaron salarios conforme a la normativa ilegal tendrán derecho a recibir pagos retroactivos será debatida y resuelta por el tribunal una vez que el DOL emita la nueva normativa.

«La reducción salarial ilegal de Trump lleva ya más de un año en vigor, lo que ha costado a los trabajadores agrícolas dinero, empleos, estrés y una pérdida de dignidad», afirmó Teresa Romero, presidenta de la Unión de Campesinos (UFW). «Incluso después de que se determinara que la normativa salarial socavaba ilegalmente los empleos y los salarios de los trabajadores estadounidenses, la administración Trump ha actuado con lentitud deliberada, luchando para evitar que el dinero llegue a los bolsillos de los trabajadores agrícolas. Nos sentimos aliviados de que se haya establecido una fecha límite estricta para poner fin a estos recortes salariales ilegales, evitando así que los trabajadores agrícolas tengan que soportar otro año de penurias».

«Los tribunales federales se han pronunciado: los recortes salariales de la administración Trump son ilegales», señaló Erica Lomeli Corcoran, directora ejecutiva de la Fundación UFW. «Durante más de un año, los trabajadores agrícolas han estado percibiendo salarios ilegales, tan reducidos que no les permiten cubrir el creciente costo del alquiler, los alimentos, el combustible, los medicamentos y otras necesidades básicas para su supervivencia. La administración debe ahora emitir una nueva normativa, conforme a la ley, que cumpla con la orden del tribunal federal y que no afecte negativamente a los salarios de los trabajadores en Estados Unidos».

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